perito economista
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perito economista

En este blog hemos hablado con frecuencia de la intervención de peritos judiciales o de peritos de parte en diferentes juicios. Un buen ejemplo son los peritos economistas que se encargan, en muchos casos, de investigar las cuentas de empresas o la contabilidad personal de sus clientes o de los acusados de algún delito.

Hemos afirmado que los peritos tienen la obligación de que sus informes sean veraces. Presentar un informe falso o mal documentado es un desprestigio muy grande para cualquier profesional y un motivo para que el colegio retire el nombre del mismo del listado de peritos judiciales.

Cuando se trata de un perito de parte se puede buscar que este experto documente o hable exclusivamente sobre lo que beneficia al cliente, pero en ningún caso puede faltar a la verdad para defenderlo.

Y no se trata solo de los informes. Los peritos acuden al juicio y tienen que declarar ante el juez. Cuando lo hacen están bajo juramento y tienen obligación de dar información veraz. Defender datos falsos a sabiendas de que lo son constituye un delito por el que podrían ser juzgados en caso de que se demuestre.

Un ejemplo actual

La mejor manera de ilustrar esto es viendo un ejemplo que podemos leer en la prensa de estos días. Un perito economista, Carlos Mantilla, tendrá que ir a juicio acusado de falsear las cuentas de un cliente. Al parecer, este tenía ingresos procedentes de actividades ilícitas y el perito economista los justificó como ahorros de manera fraudulenta.

Por este delito, el fiscal solicita para el perito un año y medio de cárcel y además nueve años de inhabilitación. Curiosamente, el perito imputado tiene en su poder una medalla en reconocimiento a su colaboración con la justicia.

En su imputación, el fiscal afirma que Mantilla con la intención de inducir al Tribunal al error y de beneficiar a los acusados, presentó un informe que se dirigía a justificar que el patrimonio de los acusados en aquel procedimiento procedía de actividades lícitas, silenciando para ello datos ciertos de gastos o adquisición de bienes que constaban en el procedimiento, presentando como conclusiones fundadas afirmaciones que carecían de soporte documental alguno; aportando, para revestir de seriedad y de objetividad su informe, datos sobre el porcentaje de ahorro medio familiar que afirmó, tanto en su informe como en la declaración prestada en dicho juicio oral, que procedían de organismos públicos como el INE, cuando esto no era cierto”.

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